El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recomendó la suspensión del proceso para la implementación de un nuevo concesionario de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Soledad, por “ausencia de garantías de las metas de continuidad, cobertura y calidad en la prestación del servicio”.

La recomendación fue formulada por Néstor Mario Urrea Duque Director (e) Dirección de Apoyo Fiscal del MinHacienda a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco.

Se trata del proceso abierto por el Alcalde de Soledad Rodolfo Ucrós Rosales, para “seleccionar a un concesionario que asuma la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias en el municipio de Soledad (Atlántico), para que preste de manera integral estos servicios, ejecutando todas las actividades directas e indirectas que implique su prestación garantizando la calidad, cobertura y continuidad de dichos servicios”.

Lo anterior tras evidenciar que el proceso que se adelanta “pone en riesgo la sostenibilidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, no cumple con algunos aspectos de la normatividad sectorial vigente, pone en riesgo los recursos de la participación de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) del Sistema General de Regalías (SGP), no puede asegurar el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad de los servicios, al igual que genera un grave peligro respecto de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio al amenazar la viabilidad de lograr calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”.

Ante ello considera que, teniendo en cuenta que el próximo 18 de octubre (de acuerdo con el otrosí No. 6) se dará la inminente terminación del contrato de concesión actualmente vigente entre la empresa Triple A y el municipio de Soledad y ante la solicitud de suspensión del proceso licitatorio SG-LP-07-2022-005 que actualmente cursa, “es evidente que con la aceptación de esta solicitud el municipio de Soledad quedará abocado a la inexistencia de prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado a partir del 19 de octubre de esta vigencia”.

Así las cosas, considera pertinente, razonable y oportuno que la Procuraduría General de la Nación solicite a las partes del contrato de concesión que actualmente se encuentra vigente una fórmula de contingencia al problema planteado, que puede consistir en que prorroguen nuevamente la fecha de terminación del contrato de concesión, fijando como plazo el que técnicamente se establezca como necesario para que la Triple A S.A. E.S.P. pueda cumplir con las cláusulas de reversión de la infraestructura en las condiciones que la recibió o construya una nueva en caso de deterioro que impida su funcionamiento y para que el municipio pueda verificar la inversión realizada por dicha empresa con los correspondientes recursos del componente de Costos Medios de Inversión -CMI-, “así como construir una solución viable a las deudas comunes que surjan con motivo de la terminación contractual, todo de conformidad con el clausulado del contrato de concesión”.

Para el Ministerio de Hacienda, “se debe dejar en claro que, como respuesta al acto de suspensión del proceso contractual, el municipio de Soledad debe proponer y ejecutar las acciones necesarias para corregir cada una de las actividades que permitieron configurar el evento de riesgo y así eliminar las situaciones de riesgo sobre la futura prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado ya ampliamente documentadas”.

Argumenta que bajo estas condiciones el municipio de Soledad podría retomar la decisión autónoma de la independización, garantizando la producción de agua potable, el almacenamiento, la distribución, el cumplimiento de metas de calidad, cobertura y continuidad del servicio de acueducto y el manejo adecuado de aguas residuales con infraestructura de su propiedad, “sin olvidar que en el proceso licitatorio tendrá que hacer las modificaciones necesaria para que se extinga el evento de riesgo y el nuevo operador pueda cumplir las metas de continuidad, calidad y cobertura sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera ni la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado que tendrá a su cargo, siempre que el proceso esté apegado a las normas de contratación y a la Ley 142 de 1994”.